La inclusión de los derechos humanos dentro de los discursos y prácticas del patrimonio cultural ha promovido la desconcentración del poder de los Estados en los procesos de gestión patrimonial. Este cambio ha dado lugar a una participación cada vez más relevante de las comunidades patrimoniales, especialmente los pueblos indígenas. El derecho al patrimonio es un derecho autónomo, tanto de carácter individual como un derecho colectivo. Como derecho colectivo, se manifiesta de forma clara en el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su identidad cultural.
